El presidente Santiago Peña salió este miércoles a calmar la crisis desatada por la disolución del Ueno Bank y anunció una serie de medidas urgentes: cambios en la cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP), una ley de emergencia para devolver ahorros y la promesa de que los responsables del colapso responderán ante la justicia.
Las palabras del mandatario llegaron horas después de que la oposición comenzara a hablar abiertamente de juicio político.
"Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer", afirmó Peña en un mensaje a la ciudadanía. "La prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables", agregó.
Como primera medida, el mandatario informó que envió al Congreso el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del BCP, junto a dos nuevos directores: Pedro Acosta y Edsel González. Los tres cuentan con trayectoria en el sector bancario y, según Peña, con experiencia específica en manejo de crisis.
La renovación de la cúpula del organismo era una demanda central de múltiples sectores, dado el conflicto de intereses que representaba la figura del hasta entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo.
El funcionario había presidido la Financiera Ueno ?antecesora del banco? antes de asumir la conducción del Banco Central en 2023. Aunque Carvallo anunció su renuncia, aclaró que permanecería provisionalmente en el cargo para garantizar que el proceso de resolución transcurriera por el "curso adecuado".
Peña también reveló que se reunió con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para impulsar una ley de emergencia que permita devolver los fondos a los ahorristas "lo antes posible". Según el mandatario, la norma cubriría al 98% de los depositantes de la entidad, con pagos que comenzarían esta misma semana.
El Banco Central del Paraguay había decretado la disolución del Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido. La decisión, anunciada en la madrugada del martes, dejó congelados fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) por unos USD 380 millones ?que incluyen depósitos de aproximadamente 32.000 jubilados?, además de fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional de Itaipú. También quedaron afectados miles de ahorristas privados.
El mecanismo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) protege hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona ?equivalentes a 228.300.000 guaraníes (unos USD 38.622)?. Los depósitos que superen ese umbral quedarán sujetos al resultado del balance de exclusión de activos y pasivos que lleve adelante la Superintendencia de Bancos.
El discurso de Peña no alcanzó para silenciar las voces que ya piden su destitución. El senador opositor Rafael Filizzola confirmó que se trabaja en un borrador de juicio político y que hay conversaciones con sectores del oficialismo para construir una mayoría.
"Hay que construir mayorías", afirmó en declaraciones a Radio Monumental 1080 AM. Filizzola cuestionó la actuación del Banco Central y sostuvo que la entidad "cae por su propio peso", no por la intervención del organismo.
El diputado Mauricio Espínola reconoció que el proceso dependerá de los votos disponibles en la Cámara de Diputados, donde se necesitan 53 para avanzar.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez fue más directo: "Tiene que irse preso", afirmó al referirse al presidente. Benítez también describió un escenario de desconcierto en el bloque oficialista: "Los diputados del oficialismo están confundidos y se llamaron a silencio".
Antes del discurso de Peña, la justicia comenzó a actuar sobre los responsables del banco. En la noche del martes, la Policía Nacional completó la detención de los ocho directivos del Ueno Bank con orden de captura, entre ellos el CEO Miguel Vázquez, el presidente de la entidad Juan Manuel Gustale y los directores Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller.
El último en ser aprehendido fue Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 años, quien se entregó pasadas las 21:40 en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, departamento de Cordillera.
Las detenciones fueron ordenadas por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) en el marco de una causa caratulada por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa. El expediente reúne cerca de 2.000 fojas que el Ministerio Público analiza para determinar si existen indicios suficientes para solicitar medidas cautelares.
Peña cerró su mensaje con un llamado a la unidad y a la serenidad: "A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés".
