Las inundaciones que golpearon a la isla Santa Cruz, en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, dejaron alrededor de 2.000 familias afectadas, una persona fallecida y extensos daños materiales, según el balance actualizado de las autoridades locales. La alcaldesa del cantón, Fanny Uribe, confirmó este miércoles 4 de noviembre que no existen personas desaparecidas, pese a que los primeros reportes de los organismos de emergencia habían alertado sobre dos ciudadanos cuyo paradero se desconocía.
La funcionaria también informó que al menos nueve sectores permanecen sujetos a medidas de evacuación mientras avanzan las inspecciones para determinar las condiciones de seguridad de las viviendas.
La emergencia comenzó durante la noche del viernes 30 de octubre, cuando las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de cauces naturales y la acumulación de grandes cantidades de agua en sectores residenciales. Las inundaciones afectaron tanto a las poblaciones de la parte alta de Santa Cruz como a varios barrios de Puerto Ayora, el principal centro urbano y turístico de la isla, situada a unos 1.000 kilómetros de la costa continental ecuatoriana.
Según la información difundida por Ecuavisa, Uribe señaló que el balance de personas desaparecidas se encuentra en cero. La aclaración modifica los informes preliminares del ECU 911, que habían registrado dos personas presuntamente desaparecidas durante las primeras horas de la emergencia. Sin embargo, las autoridades no han precisado públicamente las circunstancias que permitieron descartar esos casos ni han detallado si las personas inicialmente reportadas fueron localizadas.
La alcaldesa también indicó que entre 130 y 160 personas permanecen en refugios temporales, después de abandonar sus viviendas ante el avance del agua. Otras familias encontraron alojamiento con parientes o conocidos, una situación que dificulta establecer con precisión el número de damnificados que necesitan asistencia directa.
La cifra de 2.000 familias corresponde a una estimación de la administración municipal y todavía está sujeta a verificación. Los equipos técnicos realizan inspecciones casa por casa para identificar daños estructurales, pérdidas de bienes y condiciones de habitabilidad. Uribe anticipó que los resultados de este levantamiento podrían conocerse en aproximadamente dos días.
Uno de los indicadores de la magnitud de la emergencia es la acumulación de residuos y materiales arrastrados por las inundaciones. De acuerdo con el balance municipal recogido por Ecuavisa, se han contabilizado unas 600 toneladas de escombros, mientras continúan las labores de limpieza y recuperación de espacios públicos.
Las autoridades solicitaron a los residentes de al menos nueve sectores que no regresen a sus viviendas hasta recibir una autorización expresa. La medida busca evitar nuevos riesgos en inmuebles que pudieron sufrir afectaciones por la fuerza del agua, la acumulación de sedimentos o la inestabilidad del terreno.
Entre las localidades que registraron daños durante las precipitaciones figuran Bellavista, Santa Rosa, Aguacatal, Miramar, Divino Niño, La Cascada y La Unión, según los reportes publicados durante los primeros días de la emergencia.
En algunos barrios, el nivel del agua alcanzó varios metros y obligó a realizar evacuaciones mediante pequeñas embarcaciones. Según un reportaje publicado por El País este 4 de noviembre, Freddy López, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, explicó que en sectores como La Cascada y La Unión las inundaciones alcanzaron hasta tres metros de altura.
Los equipos de rescate utilizaron kayaks y embarcaciones neumáticas para trasladar a personas atrapadas en sus viviendas. Los testimonios recogidos por el periódico español también describen la participación de vecinos en las tareas de evacuación, especialmente durante las primeras horas, cuando las precipitaciones dificultaron el desplazamiento de los organismos de socorro.
La emergencia obligó a suspender temporalmente las actividades escolares. Uribe explicó que el retorno a clases dependerá de las evaluaciones que realizan las autoridades y de las condiciones de seguridad en los sectores afectados. Hasta el miércoles, no se había establecido una fecha definitiva para la reanudación de las actividades presenciales.
Las lluvias también comprometieron infraestructura esencial para la conectividad de Santa Cruz. Entre los daños reportados figura la afectación de la carretera que comunica las zonas pobladas de la isla con el canal de Itabaca, punto de conexión hacia el aeropuerto de Baltra, una de las principales puertas de ingreso de visitantes a Galápagos.
Durante las primeras jornadas se registraron interrupciones del suministro eléctrico, dificultades en el abastecimiento de agua y restricciones de movilidad. La empresa pública ELECGALÁPAGOS informó que había restablecido el servicio eléctrico durante la noche del 31 de octubre, después de intervenir infraestructura dañada por las precipitaciones.
El sistema de abastecimiento de agua también requirió trabajos de recuperación, particularmente en instalaciones de bombeo. Las autoridades mantuvieron operativos para retirar el agua acumulada y facilitar el acceso a los sectores afectados.
La respuesta gubernamental incluyó el envío de más de diez toneladas de ayuda humanitaria, mediante operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas. Entre los suministros anunciados constaban 800 kits de primera respuesta y 250 kits para dormir, además de equipos destinados a apoyar las labores de limpieza y drenaje.
