Desde Madrid, España - El secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, expuso en esta ciudad la hoja de ruta del Gobierno para reducir normas, reorganizar áreas estatales y acelerar reformas económicas. "Hay cosas que simplemente tienen que desaparecer", afirmó durante la Conferencia Internacional de Banca 2026 de Santander.
Cacace participó del encuentro que se realizó en la Ciudad Financiera del banco, en Boadilla del Monte, bajo el lema "Impulsando el crecimiento, fortaleciendo la resiliencia". La conferencia reunió a referentes de gobiernos, empresas y bancos para debatir inversiones, innovación, productividad y estabilidad económica frente a los cambios tecnológicos y geopolíticos.
El puntano planteó que la política de desregulación aplicada por la administración de Javier Milei requiere decisiones rápidas, un programa anterior a la llegada al Gobierno y un proceso paralelo de estabilización fiscal, monetaria y financiera.
Justamente, el mandatario llegará a España mañana para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Será su octavo viaje al país desde que asumió la Presidencia, apenas dos semanas después de su última y polémica visita, en la que volvió a tener duras declaraciones sobre su par local, Pedro Sánchez. Hasta este martes, no había previsiones de una audiencia privada con el rey Felipe VI, quien será el anfitrión de la cumbre y con quien el libertario no pudo reunirse en su último viaje.
"Cuando se tiene ese sentido de urgencia y se ve lo que se tiene delante, se comprende que hay algunas cosas que no tienen ningún sentido de existir", sostuvo. Y agregó: "Simplemente tienen que desaparecer".
El secretario afirmó que Milei fijó como objetivo convertir a la Argentina en el país con mayor libertad económica del mundo. Para medir el avance, explicó, el Gobierno toma como referencia el índice de libertad económica de The Heritage Foundation.
Según Cacace, el país ocupaba el puesto 146 al inicio de la gestión y avanzó al 126 durante el primer año y al 106 en el segundo. "Somos el país que más avanzó en esa clasificación en el mundo", aseguró.
El funcionario señaló que el Gobierno contabiliza las normas eliminadas, derogadas o modificadas, aunque sostuvo que el indicador central es su efecto sobre los mercados. Indicó que la administración nacional intervino sobre 18.000 disposiciones y que el país acumulaba cerca de 1 millón de regulaciones, entre 700.000 decretos presidenciales, 200.000 resoluciones ministeriales y 30.000 leyes.
Esa acumulación normativa, dijo, elevaba costos administrativos, generaba incertidumbre para ciudadanos y empresas y, en algunos casos, llevaba a la aplicación de reglas ya derogadas.
Cacace citó tres casos para ilustrar el enfoque oficial. Dijo que la flexibilización del mercado energético contribuyó a que la Argentina pasara de un déficit comercial de USD 4.000 millones a un superávit de unos USD 10.000 millones en dos años.
También mencionó la yerba mate. Según dijo, tras la desregulación de ese mercado, los precios bajaron 40% y las exportaciones crecieron 30 por ciento. Sobre el mercado de alquileres, sostuvo que la eliminación de los controles de precios cuadruplicó la oferta porteña en dos años.
El secretario describió a las pequeñas y medianas empresas, productores y emprendedores alejados de los centros de decisión como "las víctimas" de las reglas administrativas que el Ejecutivo busca revisar.
En ese sentido, destacó el funcionamiento de la plataforma Reportá la burocracia, que permite a ciudadanos y empresas informar regulaciones que afectan sus actividades. Cacace dijo que el sistema recibió 17.000 reportes y que varias decisiones de desregulación surgieron de esas presentaciones.
Uno de los ejemplos fue el de un productor de Mendoza que exportaba ajo a Corea del Sur para elaborar puré, pero debía cumplir requisitos vinculados con el tamaño del producto. A partir de ese planteo, el Gobierno identificó un decreto de 1935 que regulaba la actividad frutihortícola y decidió eliminarlo, según relató el funcionario.
También recordó un permiso para importar bienes de capital usados. El trámite demoraba, en promedio, 84 días, y cerca de una quinta parte de las solicitudes era rechazada. Cacace cuestionó que ese mecanismo otorgara discrecionalidad al Estado y afirmó que la decisión fue suprimirlo, en vez de limitarse a digitalizarlo o reducir sus plazos.
"Modernizar, simplificar o digitalizar algo inútil no deja de ser inútil", resumió.
Cacace vinculó la agenda de desregulación con la reforma del Estado. Señaló que el Gobierno redujo de 20 a ocho los ministerios y recortó más de un tercio de las secretarías, subsecretarías y organismos directivos.
El secretario afirmó que la administración federal pasó de 340.000 a menos de 270.000 empleados públicos, una reducción cercana al 20%. Según explicó, en algunos casos el Ejecutivo resolvió modificar la estructura de organismos que resistían cambios regulatorios y, en otros, eliminarlos.
"Si la burocracia se resiste, puede ser eliminada también", afirmó. "De otro modo, la burocracia se resiste al cambio y cree que gobierna por encima de las autoridades democráticas".
Al final de su intervención, Cacace resumió en tres puntos la experiencia del Gobierno: contar con un plan previo, acompañar la desregulación con estabilidad macroeconómica y revisar si cada intervención estatal tiene una utilidad concreta.
En ese punto, retomó parte de la exposición de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó más temprano a la Argentina como un caso de disciplina fiscal y sostuvo que el país está construyendo bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica y financiera.
